El Gobierno autoriza 152.377.323 € para el contrato de conservación y explotación de carreteras en cinco lotes

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación de una inversión de 1.006 millones de euros (IVA no incluido) para la conservación y explotación de Red de Carreteras del Estado (RCE) en diez comunidades autónomas.

Los seis expedientes de contratación autorizados, divididos en 29 lotes, contemplan actuaciones en varios tramos de carreteras estatales de 10 comunidades autónomas y 20 provincias: Comunitat Valenciana (Alicante y Castellón), Castilla y León (Burgos, Valladolid, León y Soria), Castilla-La Mancha (Cuenca, Albacete, Guadalajara y Ciudad Real), Andalucía (Huelva), Comunidad de Madrid, La Rioja, Aragón (Zaragoza), Asturias, Galicia (A Coruña) y Catalunya (Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida).

La duración de los contratos es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de 9 meses. En ellos se incluyen requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones.

Los trabajos previstos se enmarcan en el programa para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

Los seis contratos autorizados hoy están destinados al mantenimiento y conservación de casi 3.670 kilómetros de carreteras estatales en las diez comunidades autónomas mencionadas, incluyendo 2.261 kilómetros de autovías.

A continuación, se desglosan por Comunidad Autónoma y provincia, las actuaciones y tramos de carreteras afectados:

Castilla y León (188,4 millones)

• Provincia de Burgos: Se han autorizado dos lotes en sendos contratos para actuar en la A-1, la A-11, la N-122 y la N-1, en el primer lote, y en la A-73, la N-623 y N-627 en el segundo.
• Provincia de León: Se ha dado luz verde a un lote que tiene por objeto la conservación del sector 2 de carreteras incluyendo la A-66, la LE-30, la LE-11 entre los km 0 y 11, la LE-20, la N-120, la N-601, la N-630 y la N-621.
• Provincia de Valladolid: Se ha autorizado un lote para la conservación tramos en la A-62, la VA-30, la N-620 y la N-122 entre los km 396 y 412.
• Provincia de Soria: El lote de Soria tiene por objeto la conservación de más de 40 km en la A-2.

Comunitat Valenciana (83,78 millones)

• Provincia de Alicante: Se han autorizados dos lotes a través de dos contratos que se centran, en el primero de ellos, en la A-31, la A-7, la A-70, la A-77; y el segundo en la N-344, la A-33 y la A-31.
• Provincia de Castellón: Este lote se dirige al mantenimiento de varios tramos en la N-340, la N-234, la N-232A y la N-238.

Andalucía (20,42 millones)

• Provincia de Huelva: Este lote tiene por objeto la conservación del sector 3 de carreteras en esta provincia en la A-49, la N-435 y la N-435A.

Comunidad de Madrid (60,76 millones)

• A través de dos lotes diferentes, se ha dado visto bueno a la conservación de varios tramos y vías de servicio de la A-4 y la A-2 en la provincia.

Principado de Asturias (32,35 millones)

• Los trabajos en Asturias se van a centrar en la A-63, la A-66, la N-630; la O-11 y la O-12.

Galicia (26,58 millones)

• Provincia de A Coruña: Este lote tiene por objeto la conservación del sector 3 de carreteras, incluyendo la A-6, la AC-14, la AC-10 y la AC-15.

Castilla-La Mancha (183,9 millones)

• Provincia de Cuenca: Con dos lotes, la conservación de carreteras en esta provincia se centrará en la A-3, la A-43, la A-31, la N-3, y la N-310.
• Provincia de Albacete: Se han autorizado dos lotes que tienen por objeto la conservación de tramos de la A-31, la A-43, la N-301 y la N-310, en el primero de ellos, y la A-31, la A-33, la A-35, la N-330, la N-344 y la N-340ª.
• Provincia de Guadalajara: Se trata de un lote para la conservación de más de 100 km de la A-2 y varios tramos de la N-2.
• Provincia de Ciudad Real: Este lote tiene por objeto la conservación de más de 110 km de la A-4 así como distintas vías de servicio y enlaces.

Catalunya (216,32 millones)

• Provincia de Barcelona: Se han autorizado dos lotes para la conservación de varios tramos de AP-7 y de la B-30, así como distintos enlaces de estas autovías.
• Provincia de Girona: A través de un lote, se continuará el mantenimiento de la AP-7 y distintos enlaces de esta autovía.
• Provincia de Tarragona: Este lote tiene por objeto la conservación del sector 5 de carreteras en esta provincia en la AP-7 y la AP-2.
• Provincia de Lleida: En Lleida, se trabajará para la conservación de la AP-2 y distintos enlaces y vías de servicio de la misma.

La Rioja (45,36 millones)

• Este lote tiene por objeto la conservación del sector 3 de carreteras en esta provincia, incluyendo la AP-68 entre los km 77 y 122, y 150 y 201; la A-68 entre los km 122 y 150; así como distintos ramales de enlace de la A-68 con las autovías A-12 y LO-20.

Aragón (148,68 millones)

• Provincia de Zaragoza: Se han autorizado cuatro lotes en dos contratos, que abarcan diferentes sectores de carreteras con diversos tramos en la AP-68 y su enlace con la A-2, la A-2, la N-234, la N-2, la N-2A, y la N-2R, la A-68, la N-232, la Z-40 y la AP-2.

Características del modelo de conservación

El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: gestión de la vialidad, incidencias y vialidad invernal, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

Se incorporan medidas de eficiencia energética y la reducción de emisiones, tales como, el autoconsumo, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos, y la presentación de un plan de descarbonización por parte del adjudicatario, en los seis primeros meses de contrato, con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono de toda la actividad objeto del contrato durante el plazo de duración del mismo.