El Gobierno declara instalaciones energéticas estratégicas los proyectos renovables y de almacenamiento en nudos de transición justa

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se declaran "instalaciones energéticas estratégicas" los proyectos de generación renovable y de almacenamiento energético adjudicatarios de los procedimientos para la concesión de capacidad de acceso en los nudos de transición justa, regulados a partir de la disposición adicional vigésima segunda de la Ley 24/2013, del sector eléctrico.

El Acuerdo, impulsado por el Instituto para la Transición Justa (ITJ), organismo dependiente del MITECO, se adopta al amparo del artículo 21 del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo.

UNA TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA MÁS ÁGIL

La declaración otorga a estos proyectos la consideración de "proyectos energéticos preferentes", lo que supone una atención prioritaria por parte de las Administraciones intervinientes y la declaración de urgencia, por razones de interés público, de los procedimientos de autorización, de evaluación de impacto ambiental, de las resoluciones administrativas y de los recursos.

La medida se circunscribe a la agilización administrativa y no altera las exigencias sustantivas ni las garantías ambientales: los proyectos permanecen sujetos a la evaluación de impacto ambiental y a los controles ordinarios, sin rebaja del nivel de protección.

PROYECTOS CON COMPROMISOS SOCIOECONÓMICOS

Los nudos de transición justa cuentan con procedimientos que otorgan la capacidad de acceso a la red de transporte priorizando los proyectos que optimizan los beneficios socioeconómicos locales.

A diferencia del procedimiento general, estos procedimientos vinculan la asignación de capacidad a compromisos concretos de empleo, formación y actividad económica local. Se han articulado procedimientos de este tipo en nudos como Mudéjar 400 kV, Lancha 220 kV, Meirama 220 kV, La Pereda 220 kV y Narcea 400 kV. Los proyectos conectados en estos nudos, entre otros, podrán beneficiarse de esta declaración.

Con la declaración, se facilita un uso más eficiente de la red eléctrica, se favorece el cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la seguridad de suministro, y se impulsa la reactivación económica y social de los territorios afectados por el cierre de centrales.