El Gobierno aprueba 50.000.000 € en subvenciones a corporaciones locales para contratar personas desempleadas en la reconstrucción de zonas dañadas en Andalucía y Extremadura

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula la concesión directa por el Servicio Público de Empleo Estatal, O.A., de subvenciones a corporaciones locales para financiar la contratación de personas desempleadas en labores de reconstrucción de las zonas dañadas por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en municipios de las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.

El real decreto supone una inversión de cincuenta millones de euros para la reconstrucción de las zonas afectadas por los temporales, en Andalucía y Extremadura, empleando a personas trabajadoras en situación de desempleo.

Las inundaciones registradas en diversos municipios de las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, a finales del 2025 y principios de 2026, derivadas de fenómenos meteorológicos adversos de carácter extraordinario, han provocado innumerables daños materiales en infraestructuras, así como daños significativos en explotaciones agrícolas, infraestructuras agrarias y terrenos de cultivo, afectando de manera directa al normal desarrollo de la actividad agraria.

El real decreto aprobado permite la concesión directa por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), con cargo a los fondos del presupuesto de este organismo, de subvenciones destinadas a financiar con cincuenta millones de euros la contratación por las respectivas corporaciones locales de personas desempleadas en labores de reconstrucción de las zonas dañadas por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en municipios de Andalucía y Extremadura.

La contratación de personas desempleadas en los municipios afectados tiene un doble objetivo: por un lado, se concibe como una herramienta necesaria para apoyar la reconstrucción y recuperación de las zonas dañadas y contribuir a la normalización del desarrollo de la actividad socioeconómica en los municipios afectados; y, por otro, se promueve la contratación de personas desempleadas para limitar el impacto negativo que los daños causados tienen sobre el empleo en tales municipios.