El Gobierno aprueba la declaración institucional del Día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo

El Consejo de Ministros ha adoptado la siguiente declaración institucional:

"El 28 de abril se conmemora el Día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo y, un año más, el Gobierno de España reafirma su compromiso con la seguridad y la salud laboral, en un contexto especialmente significativo ya que el año 2026 ha sido declarado «Año de la seguridad y salud en el trabajo», coincidiendo con el trigésimo aniversario de la aprobación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Esta conmemoración se produce en un momento de impulso renovado de la política de seguridad y salud en el trabajo en nuestro país. España precisamente hoy completa la adhesión al Convenio 191 de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante, OIT), que reconoce el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable como uno de los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Este reconocimiento se enmarca en la decisión histórica adoptada en la 110ª Conferencia Internacional del Trabajo, en la que la OIT declaró este derecho como un derecho fundamental.

Además, en febrero de 2026, el Gobierno y las organizaciones sindicales más representativas firmaron un acuerdo para la mejora y modernización de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, que impulsa la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

Este acuerdo tiene por objetivo fundamental avanzar hacia un sistema más eficaz, inclusivo y adaptado a los cambios del mundo del trabajo. En este sentido, se impulsa la integración de la perspectiva de género en la gestión preventiva para garantizar la protección de todas las personas trabajadoras, así como la incorporación de la dimensión de edad y diversidad generacional, adaptando las condiciones de trabajo a la evolución de las capacidades a lo largo de la vida laboral. Asimismo, se refuerza la atención a los riesgos emergentes, en particular los de carácter psicosocial ―particularmente los asociados a las nuevas formas de organización del trabajo o a la desconexión digital y los derivados del cambio climático―, priorizando su prevención junto a los riesgos ergonómicos, especialmente en sectores digitalizados y de servicios. El acuerdo también persigue mejorar la detección de los daños derivados del trabajo, fortalecer la organización preventiva en las empresas mediante un mayor protagonismo de los recursos internos dedicados a la prevención de riesgos laborales, aumentar la eficacia de los servicios de prevención y actualizar la formación en todos los niveles preventivos. Finalmente, se incorpora el compromiso de reforzar la protección de las personas trabajadoras autónomas en aquellos supuestos en los que concurren con otras empresas o profesionales.

De esta forma, este acuerdo contempla, además, el desarrollo y actualización del marco reglamentario, con actuaciones dirigidas a mejorar instrumentos clave como la coordinación de actividades empresariales, así como la elaboración de nuevos desarrollos normativos ante riesgos emergentes, entre ellos la protección frente a los riesgos psicosociales y el impacto del cambio climático en la seguridad y salud en el trabajo.

Estas modificaciones normativas se alinean, en gran medida, con las prioridades establecidas en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, fruto del acuerdo entre las administraciones públicas y los interlocutores sociales representados en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Dicha Estrategia articula, a través de sus planes de acción, cerca de doscientas medidas actualmente en desarrollo que, en su conjunto, tienen como objetivo impulsar una mejora significativa de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como reforzar la protección de las personas trabajadoras.

Desde la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, España ha consolidado avances fundamentales en la mejora de las condiciones de trabajo y en el desarrollo de una cultura preventiva más sólida, fruto del esfuerzo conjunto de las Administraciones públicas, los interlocutores sociales y los organismos especializados. Esta evolución ha contribuido de manera relevante a la reducción de la siniestralidad y a una concepción más amplia de la seguridad y salud en el trabajo basada en la anticipación y prevención del riesgo, y no solo la reparación cuando el daño a la salud ya se ha producido.

Sin embargo, en un contexto de transformación constante del mundo del trabajo, marcado por la digitalización, los cambios en la organización productiva y la creciente diversidad de la población trabajadora persisten desafíos de gran calado que requieren seguir avanzando y adaptando el sistema preventivo.

Entre ellos, la siniestralidad laboral continúa siendo una realidad inaceptable. Si bien la evolución del índice de incidencia de los accidentes mortales se ha reducido en un 48 por ciento desde la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y la reforma laboral de 2021 ―mediante la mejora sin precedentes de la calidad en el empleo― ha contribuido de manera decisiva a la disminución del índice de incidencia, según el avance de datos 735 personas trabajadoras perdieron la vida en el trabajo en 2025, de los cuales son 584 hombres y 151 mujeres. El pasado año la incidencia de accidentes mortales se cifró en 2,8 fallecimientos (prácticamente tres) por cada cien mil personas trabajadoras. Las enfermedades profesionales ascendieron a 30.713, y las comunicaciones de patologías no traumáticas relacionadas con el trabajo sumaron 34.440. Estos datos interpelan a toda la sociedad española y exigen fortalecer las políticas de prevención, la acción institucional pero también las actuaciones en las empresas y lugares de trabajo.

Junto a ello, es necesario avanzar de forma decidida en la visibilización y prevención de las enfermedades profesionales. Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (en adelante, OMS) y la OIT, cada año se producen un total de 2,9 millones de muertes de origen laboral, de las cuales 2,6 millones se deben a enfermedades relacionadas con el trabajo y solo 300.000 a accidentes de trabajo. Tenemos una deuda pendiente con el reconocimiento de las enfermedades originadas por el trabajo: solo si se reconoce el origen laboral de las enfermedades se estará en disposición de adoptar medidas para prevenirlas de forma eficaz.

Esta carencia se agrava en el caso de los sectores feminizados, donde persiste un infrarreconocimiento estructural de sus patologías como de origen laboral, lo que redunda en su falta de calificación como enfermedades profesionales, con impacto directo en la protección de derechos de las mujeres.

En este ámbito, adquieren una especial relevancia las enfermedades y trastornos relacionados con la salud mental, cuya incidencia ha aumentado de forma notable en los últimos años y que, en gran medida, reflejan el impacto de las condiciones de trabajo sobre el bienestar de las personas trabajadoras.

El mundo del trabajo está experimentando transformaciones profundas que están redefiniendo los riesgos laborales. La digitalización, los cambios en la organización del trabajo, la intensificación de las demandas, la disponibilidad permanente o las dificultades para conciliar configuran nuevos escenarios que requieren una adaptación del sistema preventivo.

En este contexto, los riesgos psicosociales han adquirido una relevancia creciente. Estos riesgos, vinculados a la forma en que se diseña, organiza y gestiona el trabajo, influyen directamente en la salud física y mental de las personas trabajadoras. La OMS estima que, a nivel mundial, se pierden cada año 12.000 millones de días de trabajo por depresión y ansiedad. En Europa, el 29 por ciento de las personas trabajadoras declara sufrir estrés, depresión y ansiedad relacionados con el trabajo; sin embargo, en España las personas trabajadoras que señalan el ámbito laboral como causa de estrés, ansiedad o depresión aumenta al 40 por ciento.

Debe tenerse en cuenta que este impacto no es homogéneo: en sectores altamente feminizados hay una mayor prevalencia de riesgos psicosociales debido, entre otros factores, a la segregación ocupacional y a la mayor exposición a situaciones de acoso sexual o acoso por razón de sexo.

En España, esta tendencia es especialmente significativa. Las incapacidades temporales de más de 15 días por síntomas emocionales han aumentado casi un 500 por ciento desde 2018, las relacionadas con el estrés grave más de un 200 por ciento y las de ansiedad más del 100 por ciento, situándose los trastornos mentales como la segunda causa de baja laboral.

Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de abordar los riesgos psicosociales desde un enfoque preventivo estructural, centrado en la organización del trabajo y no exclusivamente en las respuestas individuales. En esta misma línea, la OIT ha puesto el foco en 2026 en la importancia de integrar la gestión de estos riesgos dentro de las políticas de gestión del trabajo.

Ante este escenario, el Gobierno de España reafirma su compromiso con el desarrollo de una política preventiva integral, que dé respuesta tanto a los riesgos tradicionales como a los emergentes, incorporando plenamente la salud mental y reforzando la protección de todas las personas trabajadoras, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad.

Este día constituye, por tanto, una oportunidad para renovar el compromiso colectivo con la prevención de riesgos laborales como pilar esencial del trabajo decente y del bienestar social.

El Gobierno de España hace un llamamiento al conjunto de la sociedad para seguir avanzando, de forma compartida y decidida, hacia entornos de trabajo seguros, saludables y dignos, en los que la protección de la salud física y mental sea una prioridad permanente."