El Gobierno aprueba la declaración institucional por el Día Internacional de las Personas Consumidoras

En 1983, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 15 de marzo como el Día Mundial de las personas consumidoras, con un doble objetivo: promover los derechos de las personas consumidoras y sensibilizar sobre la importancia de protegerlos.

Con este motivo el Consejo de Ministros aprueba la siguiente declaración:

"Con ocasión del Día Mundial de las personas consumidoras, que se celebra el 15 de marzo, el Gobierno de España reafirma su compromiso con la defensa y promoción de los derechos de las personas consumidoras como pilar esencial para el bienestar social, el correcto funcionamiento de los mercados y el fortalecimiento de una economía justa, sostenible e inclusiva.

La transformación digital está redefiniendo profundamente las relaciones de consumo. El desarrollo del comercio electrónico, las plataformas digitales y el uso intensivo de datos han permitido obtener grandes avances en la eficiencia económica, pero también plantean nuevos retos para la protección de los derechos de la ciudadanía en el entorno digital.

En este contexto, el Gobierno de España reafirma su compromiso con el desarrollo de una economía digital centrada en las personas, en especial, en la que la innovación tecnológica vaya acompañada de garantías efectivas de transparencia, equidad y protección de las personas consumidoras y usuarias, con especial atención a los niños, niñas y adolescentes.

En este marco, resulta imprescindible reconocer el papel de la economía social y, en particular, de las cooperativas de consumo, como agentes clave en la transición hacia un modelo económico más humano, justo y sostenible. Su contribución al consumo responsable, al desarrollo local y a la construcción de cadenas de valor más democráticas constituye un elemento fundamental para avanzar hacia un sistema de consumo que sitúe a las personas en el centro.

Uno de los desafíos que enfrentamos en los mercados digitales es el uso creciente de sistemas de fijación de precios dinámicos y personalizados, basados en el análisis automatizado de datos y en la elaboración de perfiles de las personas consumidoras. Si bien estas herramientas pueden contribuir a nuevas oportunidades económicas, su utilización plantea importantes retos en términos de transparencia, discriminación algorítmica y protección de las personas consumidoras, especialmente de aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

El Gobierno considera esencial garantizar que la utilización de estas tecnologías respete plenamente los derechos de las personas consumidoras y la normativa europea vigente, en particular las obligaciones de transparencia establecidas en la Digital Services Act, así como las disposiciones relativas a las prácticas comerciales desleales y a la información precontractual recogidas en la normativa.

Asimismo, el Ejecutivo continuará impulsando el desarrollo de medidas que permitan reforzar la transparencia en la personalización de precios y en el uso de sistemas automatizados de decisión en las relaciones de consumo, garantizando que cualquier persona disponga de información clara sobre los criterios que influyen en las ofertas comerciales que recibe en el entorno digital y garantizando el acceso equitativo a productos y servicios en cualquier circunstancia.

Por otra parte, el crecimiento del comercio electrónico y la expansión de las grandes plataformas digitales han incrementado la presencia en el mercado europeo de productos comercializados por operadores establecidos en terceros países. Este fenómeno exige reforzar los mecanismos de supervisión para garantizar que todos los productos que se comercializan en el mercado interior cumplen plenamente las normas europeas de seguridad, calidad e información a las personas consumidoras, evitando con ello prácticas de competencia desleal hacia los operadores económicos establecidos en territorio europeo.

En este sentido, el Gobierno de España continuará promoviendo la aplicación efectiva del Reglamento de Seguridad General de los Productos, así como las obligaciones reforzadas para las plataformas digitales previstas en la Digital Services Act, con el objetivo de asegurar que los productos ofertados en plataformas en línea cumplen de igual forma con la normativa europea y que las plataformas colaboran activamente con las autoridades en la retirada de productos inseguros o ilícitos.

El Gobierno seguirá trabajando, en cooperación con las instituciones europeas y con las autoridades nacionales competentes, para reforzar la vigilancia del mercado, mejorar la responsabilidad de las plataformas digitales y garantizar una protección efectiva de las personas consumidoras.

En este Día Mundial de las Personas Consumidoras, el Gobierno reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de la ciudadanía en el ámbito del consumo, con el fortalecimiento de las políticas públicas de protección de las personas consumidoras y con la construcción de una economía digital justa, transparente y al servicio de las personas".