El Gobierno recibe un informe sobre las actuaciones para el despliegue del artículo 49 de la Constitución

El Consejo de Ministros ha tomado razón del informe sobre las actuaciones emprendidas para dar respuesta a la modificación del artículo 49 de la Constitución Española. El 15 de febrero de 2024, se produjo la modificación del artículo 49 de la Constitución Española gracias a un amplio consenso en el Congreso de los Diputados.

En cuanto a la inversión realizada, el informe señala que, en estos dos años, el Congreso de los Diputados ha aprobado un real decreto de ELA dotado con 500 millones de euros; las becas Reina Letizia han destinado 5,1 millones de euros a la formación las personas con discapacidad; se han aprobado 20 millones de euros para la educación inclusiva y atención temprana del alumnado autista y se ha aprobado el primer plan para proteger los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, dotado con 65 millones de euros.

El informe señala a la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia como clave para consolidar los cuatro pilares sobre los que se sustenta la reforma constitucional: inclusión, autonomía, accesibilidad universal y atención reforzada a las mujeres y a la infancia con discapacidad, por estar más expuesta a vulnerabilidad. Entre otras medidas, la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad va a crear un fondo para sufragar las obras de accesibilidad a los servicios públicos, incorporando obligaciones de accesibilidad en la vivienda, en la sanidad y el patrimonio histórico. En materia de dependencia, la reforma va a eliminar incompatibilidades entre prestaciones, actualizar la cartera de servicios y reforzar recursos esenciales para la autonomía como la asistencia personal y los servicios de proximidad y comunitarios. Además, el documento recoge todos los avances normativos que ya han sido aprobados y puestos en marcha en cumplimiento del nuevo artículo 49, detallando los avances normativos e inversiones que han acompañado a la reforma y han ido consolidando un nuevo marco de garantías efectivas para la igualdad real de las personas con discapacidad.

Entre los avances normativos, el informe recoge:

• Desarrollo integral de la Ley ELA y el incremento de la inversión del Estado en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). A través de esta norma se ha creado el Grado III+, un nuevo grado de dependencia extrema que otorga protección específica y atención 24h a personas con enfermedades neurológicas que necesitan cuidados de alta complejidad. Para ello se han movilizado 500 millones de euros y se ha creado el derecho a una prestación de hasta 10.000 euros por paciente que es financiada en un 50% por el Estado.
• La aprobación de la primera Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados, que busca una transformación de los cuidados que reciben las personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo, adaptándose a sus necesidades y garantizando las condiciones que permitan a las personas con discapacidad permanecer en su hogar tanto como deseen. En su primer Plan Operativo, ha movilizado 2.000 millones de euros, en un esfuerzo conjunto de 13 comunidades autónomas y de la administración estatal para financiar un total de 695 actuaciones.
• La prohibición del despido automático por incapacidad laboral permanente.
• La movilización de 20 millones de euros para reforzar la educación inclusiva y la atención temprana del alumnado con autismo, con carácter adicional a la inversión que realizan las administraciones educativas en esta materia. Esta inversión ha permitido a los gobiernos autonómicos aumentar la inversión en apoyos, tecnología y adaptaciones curriculares, así como a los centros educativos dotarse de los recursos necesarios para que el alumnado con autismo pueda ocupar espacios en condiciones de igualdad y no discriminación. Se ha fortalecido el Programa Reina Letizia para la inclusión, que ha contado con una inversión de 5 millones de euros en cada convocatoria.
• La aprobación del primer protocolo estatal para la comunicación y atención a las personas con discapacidad en situaciones de emergencia, orientado a reducir las vulnerabilidades particulares que experimentan las personas con discapacidad en situaciones de emergencias de protección civil y ofrecer plenas garantías de seguridad y protección.
• La aprobación del primer Plan de acción para la promoción y protección de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad (2025-2035), con una dotación presupuestaria que asciende a 65.156.207€. Este plan aborda las necesidades específicas y la discriminación múltiple que sufren las mujeres y niñas con discapacidad en los diferentes ámbitos de la sociedad con el objetivo de promover la igualdad de trato y no discriminación.

El informe destaca la aportación presupuestaria al SAAD. En 2025, la aportación de la Administración General del Estado alcanzó los 3.691 millones de euros. Este dato refleja que, desde la aprobación de nueva redacción del artículo 49 de la Constitución, la inversión del Estado en el SAAD se ha incrementado un 12%, lo que supone casi 400 millones de euros más invertidos.

A ello se suman 1.100 millones de euros transferidos en 2024 a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para consolidar un modelo de cuidados centrado en la comunidad y en la vida independiente, una inversión que busca garantizar la igualdad de oportunidades para que las personas necesitadas de cuidados y apoyos no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico.