El Gobierno interpone un conflicto positivo de competencia ante el Tribunal Constitucional por la actuación del Gobierno de Aragón

El Consejo de Ministros ha acordado la interposición ante el Tribunal Constitucional de un conflicto positivo de competencia en relación con la actuación ejecutada por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y, en particular, por la persona titular del Departamento de Bienestar Social y Familia del Ejecutivo autonómico, por no atender a las exigencias del deber de colaboración derivadas de la aplicación del Real Decreto-Ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.

El recurso señala también el incumplimiento por parte del Gobierno aragonés de la remisión de datos sobre la situación de los recursos de su sistema de protección de menores migrantes no acompañados antes del 31 de marzo de 2023, como establece la disposición adicional undécima, apartado 1, de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LOEx), introducido por el apartado seis del artículo único del Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo.

Esa información es esencial para fijar la capacidad ordinaria de acogida que tiene cada territorio y, por tanto, para la aplicación subsiguiente del Real Decreto-ley 2/2025, ya que la efectividad de sus medidas -la reubicación de los menores en situación de contingencia migratoria extraordinaria - depende de que resulte posible la fijación de la capacidad ordinaria que se establezca por Real Decreto.

Se trata de una obligación legal sujeta a plazo, cuyo incumplimiento conlleva un menoscabo competencial, en la medida en que priva de eficacia a la decisión adoptada por el legislador estatal en ejercicio de sus competencias exclusivas previstas en el artículo 149.1.1ª y 2ª de la Constitución Española.

Al amparo del artículo 161.2 de la Constitución Española, el Acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros invoca la suspensión de la decisión del Gobierno de Aragón y solicita al Alto Tribunal que se notifique personalmente la providencia de suspensión que se dicte a la titular del Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón. Asimismo, se solicita se le inste a dar inmediato cumplimiento a las obligaciones legales que le incumben.

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