El Gobierno toma razón de la emergencia de un encargo a TRAGSATEC para atender a la ciudadanía afectada por la DANA

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia de un encargo al medio propio «TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, SA, S.M.E., M.P.» (TRAGSATEC), destinado a la prestación de asistencia a la ciudadanía afectada por la DANA (depresión aislada en niveles altos) acontecida entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024), de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP).

La DANA acontecida en esas fechas ha causado destrozos e inundaciones principalmente en zonas de Valencia y municipios de alrededor, dejando impracticables muchas de las vías de circulación debido a los daños, así como a las enormes acumulaciones de vehículos en muchos puntos. Ello provocó, a su vez, gravísimos problemas de pérdida de bienes y de mal o nulo funcionamiento de servicios de primera necesidad, daños en supermercados, viviendas, etc.

El 6 de noviembre se publicó el Real Decreto-Ley 6/2024, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la DANA. A través de esta norma, se ha habilitado la concesión de importantes ayudas directas a ciudadanos y empresas.

El 12 de noviembre se publicó el Real Decreto-Ley 7/2024, por el que se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la DANA. Los municipios más afectados incluidos son: 75 en la provincia de Valencia, 1 de la provincia de Albacete, 1 de la provincia de Cuenca y 1 de la provincia de Málaga.

El 30 de noviembre de 2024, el Gobierno aprobó el Real Decreto-Ley 8/2024, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el marco del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la DANA.

Todo ello supone un complejo sistema de concesión de ayudas de máxima importancia y cuya efectividad requiere de la correcta formulación de las correspondientes solicitudes con cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa. Por todo ello, resulta de vital importancia garantizar la adecuada atención a la ciudadanía afectada por la DANA, atención que reviste carácter de emergencia, puesto que las ayudas tienen como objeto hacer frente a los daños causados en bienes de primera necesidad. Asimismo, se precisa máxima celeridad en la instrucción de los procedimientos de concesión de las ayudas dada su importancia.

Conforme al artículo 2.1 de la Orden PJC/1222/2024, por la que se publica el acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de noviembre de 2024, que declara «Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio damnificado como consecuencia de la DANA referida, las siguientes ayudas se regirán por el Real Decreto 307/2005, por el que se determinan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o naturaleza catastrófica: por fallecimiento o incapacidad causados directamente por los hechos; por la destrucción o daños en enseres y por daños en vivienda; a corporaciones locales por gastos causados para hacer frente a las situaciones de emergencia; por daños a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios; a las personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes.

Por todo ello, y debido a la importancia del papel de las Delegaciones del Gobierno en la tramitación de las ayudas, al corresponderles la instrucción de los procedimientos, es procedente declarar la emergencia de la necesidad de tramitar un encargo al medio propio TRAGSATEC con el objeto de desempeñar parcialmente las prestaciones de competencia del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para la atención a los solicitantes de ayuda de los municipios afectados por la DANA y tramitación de dichas ayudas, formalización que se lleva a cabo mediante Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial de 25 de febrero de 2025 y en virtud de la cual se declara la emergencia del encargo.

Para la Transformación Digital y de la Función Pública