El Gobierno fija los objetivos de estabilidad y deuda pública para 2025-2027 y el límite de gasto no financiero de 2025

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2025-2027 para su remisión a las Cortes Generales, y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2025.

Están diseñados para cumplir con las nuevas reglas fiscales europeas tras el fin de la cláusula de salvaguarda, un plan que incluye objetivos más ambiciosos de reducción de deuda y de déficit, pero que mantiene la premisa de reforzar los servicios públicos y no aplicar recortes para seguir fortaleciéndolos. Será la Administración Central quien asumirá los mayores esfuerzos para dar más margen a los territorios con el fin de que presten mejores servicios a sus ciudadanos.

El techo de gasto 'nacional' para 2025, sin incluir los fondos europeos, alcanzará los 195.353 millones de euros, un 3,2% más que en 2024. Suponen 6.138 millones más.

Una cifra que es coherente con la responsabilidad fiscal, pero que a la vez facilita seguir reforzando los servicios públicos. Los PGE 2025 contemplarán una transferencia del Estado a la Seguridad Social de 22.881 millones. La partida crece un 7% con respecto a 2024, y está alineada con las recomendaciones del Pacto de Toledo. Compromiso que queda aún más acreditado con el incremento de la 'hucha' de las pensiones que se ha aplicado en los últimos ejercicios.

El límite de gasto no financiero total, incluyendo los fondos europeos, se sitúa en 199.171 millones de euros. Una cifra que responde al descenso de las transferencias directas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), al haber entrado España en la fase de recibir más préstamos. Aun así, la ejecución de fondos europeos sigue a pleno rendimiento. Hasta principios de julio, las autorizaciones alcanzaron los 12.500 millones, un 35% de los créditos ya presupuestados, como ha desvelado la vicepresidenta primera.

Dichos datos serán la base para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2025, que se presentarán en tiempo y forma para que entren en vigor el 1 de enero del próximo año. Estos PGE contemplarán un incremento notable de las partidas destinadas para los servicios públicos que se combinarán con la estabilidad presupuestaria. Algo que queda reflejado en las nuevas sendas de déficit y deuda pública. Esta política de cumplir los compromisos asumidos con la Comisión Europea e incrementar la protección de la sanidad, la educación o el empleo de los ciudadanos ha quedado acreditada en los últimos años.

Se destaca la reducción del déficit público, que ha bajado en más de 60.000 millones de euros, pasando del 10,1% del PIB en 2020 al 3,6% en 2023.

Senda de estabilidad

El acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros recoge la nueva senda de objetivos de estabilidad para el período 2025-2027, que encaja con el espíritu de las nuevas reglas fiscales, sin que eso suponga tener que plantear medidas que puedan suponer un quebranto económico o social a la ciudadanía.

Para 2025, el conjunto de las Administraciones tendrá un objetivo de déficit del 2,5%. En 2026, deberá situarse en el 2,1%. Y, por último, en 2027 tendrá que bajar hasta el 1,8%. La senda vigente hasta ahora era menos exigente y contempla un objetivo de déficit del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026.

La Administración Central asumirá íntegramente el mayor esfuerzo fiscal. Para 2025, su objetivo será del 2,2%, seis décimas menos que en la senda actual. En 2026, deberá alcanzar el 1,8%, un punto menos que en el plan anterior. Por último, en 2027, el déficit tendrá que llegar al 1,5%. Un mayor esfuerzo que se explica con la finalidad de más margen a los territorios.

En el caso de las comunidades autónomas, el objetivo de estabilidad será del -0,1% del PIB en 2025, 2026 y 2027. Una senda más beneficiosa que la vigente hasta ahora y que contemplaba un objetivo de superávit del 0,1% para 2025 y 2026. Las comunidades autónomas logran dos décimas más de margen fiscal, algo que evidencia esa apuesta por darles las mayores facilidades, al contar con un margen más amplio para que elaboren sus cuentas públicas.

La Administración Local también contará con mayor margen fiscal. La Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) aprobó ayer que sus objetivos contemplen equilibrio presupuestario durante los tres próximos años. La senda anterior exigía superávit a los ayuntamientos.

Por último, la Seguridad Social podrá tener un déficit del 0,2% en los tres próximos ejercicios. Atrás dejará el 0,1% que debía alcanzar en 2026 y el equilibrio presupuestario en 2027.

Entregas a cuenta récord

Los territorios volverán a disponer de unas entregas a cuenta que serán superiores a las correspondientes al ejercicio anterior. Por lo que, además de disponer de unos límites más flexibles para elaborar sus cuentas públicas, CCAA y EELL dispondrán de otro récord en recursos provenientes del Estado.

Los acuerdos aprobados ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) recogen que las autonomías reciban 147.412 millones en 2025, un 9,5% más que en las entregas a cuenta correspondientes a 2024. Si a esto se le suma la previsión de liquidación de 2023, la financiación total alcanza los 158.167 millones. En el caso de las Entidades Locales, recibirán en 2025 26.893 millones de euros en concepto de entregas a cuenta, un 13,1% más que en 2024.

Objetivos de deuda

El Consejo de Ministros también ha dado el visto bueno a la nueva senda de la deuda pública 2025-2027, que persevera en la reducción constante y contundente de la misma. Se mantiene así la línea de los últimos tres años, en los que la deuda se ha reducido en más de 17 puntos porcentuales tras el incremento provocado por el coronavirus o la invasión en Ucrania.

Esta nueva senda establece que la deuda pública del conjunto de las administraciones deba reducirse al 103,6% del PIB en 2025. Un porcentaje que deberá ser casi dos puntos inferior en 2026, cuando llegue al 101,8%. Por último, en 2027 estará por debajo del 100%, situándose en el 99,7%.

Regla de gasto y límite de gasto neto europeo

Por último, el acuerdo incluye la regla de gasto, variable contemplada en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, por la que el gasto computable no puede estar por encima de la tasa de referencia de crecimiento del PIB. Esta se ha fijado en el 3,2% en 2025, el 3,3% en 2026 y el 3,4% en 2027.

Estas cifras serán compatibles con la tasa de crecimiento del gasto primario neto, la variable principal de las nuevas reglas fiscales europeas. En esta se tiene en cuenta el gasto público tras descontar los intereses, los ingresos de medidas discrecionales, los recursos de los fondos europeos y su cofinanciación, el gasto cíclico en desempleo y los 'one offs' o partidas que solo tienen efecto en un solo ejercicio.

De cara al Plan Fiscal Estructural de Medio Plazo vinculado a las nuevas reglas fiscales, que debe remitirse a la Comisión Europea a partir de septiembre, este se elaborará siguiendo los principios que marca esa tasa de crecimiento del gasto primario neto.

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