El Gobierno remite a las Cortes el acuerdo con la Corte Penal Internacional sobre ejecución de penas

El Consejo de Ministros ha acordado disponer la remisión a las Cortes Generales del acuerdo entre el Reino de España y la Corte Penal Internacional (CPI) relativo a la ejecución de penas de la CPI y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho acuerdo.

El Estatuto de la CPI fue adoptado por 120 Estados, incluida España, en 1998, en Roma. España lo ratificó en virtud de la autorización de la Ley Orgánica 6/2000, depositando su instrumento de ratificación el 25 de octubre de 2000. El Estatuto entró en vigor el 1 de julio de 2002.

España se ha situado entre los países más comprometidos con la labor de este órgano judicial internacional. En 2003, las Cortes Generales aprobaron la Ley Orgánica 18/2003 de 10 de diciembre, de Cooperación con la CPI, que regula los aspectos orgánicos, procesales y procedimentales que permiten la aplicación concreta del Estatuto y la incorporación jurídica de España al sistema procesal y judicial de la CPI.

Uno de los aspectos fundamentales de esta cooperación consiste en la petición por parte de la Corte a los Estados para que los condenados cumplan la condena total o parcial en sus cárceles. Este acuerdo, cuyo texto se corresponde a un modelo elaborado por la Corte, ordena el procedimiento de petición y de respuesta.

El Consejo de Ministros autorizó la firma del Acuerdo entre el Reino de España y la Corte Penal Internacional relativo a la ejecución de las penas el 27 de septiembre de 2022, que tuvo lugar el 8 de diciembre de 2022 en La Haya.

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