El Gobierno modifica el reglamento de adquisición y pérdida de la condición de guardia civil y de situaciones administrativas de su personal

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de los ministerios del Interior y de Defensa, una reforma del Reglamento de adquisición y pérdida de la condición de guardia civil y de situaciones administrativas del personal de la Guardia Civil, aprobado por el Real Decreto 728/2017, de 21 de julio, con un triple propósito, el primero de los cuales es incrementar la seguridad jurídica y concretar la situación administrativa de los guardias civiles que prestan servicio en organismos y entidades ajenos a la institución.

La reforma define con mayor precisión los requisitos a valorar en el informe que emite la Dirección General de la Guardia Civil en estos supuestos, entre los que deberá incluir la relevancia del cargo ocupado dentro de la estructura de seguridad del organismo, entidad o empresa ajeno al cuerpo, así como la existencia de una relación directa de la organización ajena con la seguridad pública mediante la constatación de su naturaleza como infraestructura crítica u operador de servicios esenciales, o de su integración en alguno de los objetivos generales o ámbitos que se recogen en la Estrategia de Seguridad Nacional.

En estos supuestos, la situación administrativa del miembro de la Guardia Civil autorizado a integrarse en un organismo o entidad ajena al cuerdo será la de servicios especiales, y la autorización tendrá un límite temporal de cuatro años, aunque prorrogable por otros cuatro.

En segundo lugar, la reforma mejorar la gestión de los procesos de evaluación para el ascenso en determinados empleos, para la continuación en servicio activo tras alcanzar la edad reglamentaria de pase a reserva, o para la ocupación de puestos de trabajo en esta situación.

Y, en tercer lugar, la modificación simplifica los procesos para la continuación en servicio activo y reducir así la carga de trabajo que soportan los Servicios de Asistencia Sanitaria y de Psicología de la Guardia Civil para llevar a cabo las pruebas médicas y psicológicas, que se ven reducidas en frecuencia, sin perjuicio de las pruebas extraordinarias que puedan requerirse.

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