El Gobierno crea tres comisiones de estudio y técnicas previstas en la Ley de Memoria Democrática

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se crean tres comisiones de estudio y técnicas previstas en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática: Comisión de trabajo sobre la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España; Comisión técnica para el estudio de la cobertura alcanzada por las medidas de reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas de la guerra y la dictadura; y Comisión técnica para el estudio de los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos.

La Ley de Memoria Democrática contempla en sus disposiciones adicionales duodécima, decimoquinta y decimosexta la creación de sendas comisiones técnicas para el estudio de diversas cuestiones.

-La disposición adicional duodécima establece la constitución de una comisión de trabajo sobre la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España, que deberá elaborar un informe sobre las medidas para aplicar los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición en lo relacionado con la situación histórica del pueblo gitano en España.-La disposición adicional decimoquinta de la Ley establece la designación de una comisión técnica que elabore y presente un estudio que describa el conjunto de medidas de reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas de la Guerra y la Dictadura, reconocidas tanto en la normativa estatal como en la autonómica, para que establezca conclusiones y recomendaciones sobre el grado de cobertura alcanzado y los déficits subsanables.-Por último, la disposición adicional decimosexta señala que el Gobierno designará una comisión técnica que elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las mismas.

Se considera también necesario que dichas comisiones, de carácter esencialmente técnico y de asesoramiento, dada su finalidad estrictamente tasada en la ley, cuenten en su composición con personas expertas especializadas en las materias objeto de estudio.

Estas comisiones, que quedan adscritas al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, se constituyen de conformidad con lo establecido en el artículo 22.3 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Comisión para Memoria y Reconciliación con el Pueblo Gitano en España

El objetivo de la Comisión de trabajo sobre la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España consiste en elaborar un informe sobre las medidas necesarias para la aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición en lo relacionado con la situación histórica del pueblo gitano en España.

La presentación del informe deberá producirse en el plazo de un año, desde la constitución de la Comisión, que estará compuesta por las siguientes personas:

a. Titular de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que la presidirá.b. Titular de la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, que ostentará la vicepresidencia.c. Vocales: una persona, con rango al menos de director o directora general, en representación de cada uno de los ministerios de la Presidencia; Justicia y Relaciones con las Cortes;Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes; Ministerio de Cultura; Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; Ministerio de Igualdad; y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.d. Las siguientes personas designadas por el titular del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática: dos personas en representación de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla a propuesta del Consejo Territorial de Memoria Democrática; dos personas en representación de las entidades locales a propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP); ocho personas en representación de las asociaciones y organizaciones representativas del pueblo gitano de ámbito estatal, integrantes del Consejo Estatal del Pueblo Gitano a propuesta de dicho Consejo; dos personas expertas en el estudio de asuntos sobre la población gitana en España y el campo de la recuperación de la memoria democrática a propuesta del titular de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática; y una persona en representación del Consejo de la Memoria Democrática a propuesta de dicho Consejo; la secretaría de la Comisión será desempeñada por una persona funcionaria del subgrupo A1, de la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, con voz pero sin voto.

La presentación del estudio deberá producirse en el plazo de un año, desde la constitución de la Comisión, que estará compuesta por las siguientes personas:

a. Titular de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que la presidirá.b. Titular de la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, que ostentará la vicepresidencia.c. Vocales: una persona, con rango al menos de Director o Directora General, en representación de cada uno de los ministerios de Hacienda; Trabajo y Economía Social; Cultura: Igualdad; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y para la Transformación Digital y de la Función Pública.d. Dos personas en representación de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, designadas por el titular del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a propuesta del Consejo Territorial de Memoria Democrática.

La secretaría de la Comisión será desempeñada por una persona funcionaria del subgrupo A1 de la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, con voz, pero sin voto.

Comisión para el estudio de los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia

El objetivo de la Comisión es elaborar un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las mismas.

Entre las eventuales víctimas de tales vulneraciones, en ningún caso se incluirán las personas vinculadas a una organización o grupo terrorista, o que realizaron actos con la finalidad de subvertir el orden constitucional, suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, alterar gravemente la paz pública o provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.

La presentación del estudio deberá producirse en el plazo de un año, desde la constitución de la Comisión, que estará compuesta por las siguientes personas:

a. Titular de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que la presidirá.b. Titular de la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, que ostentará la vicepresidencia.c. Vocales: Nicolás Sartorius y Álvarez de las Asturias Bohorques, presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas; Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación por la Paz y presidente honorífico de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte y ex director de la UNESCO; José Álvarez Junco, catedrático emérito de Historia del Pensamiento y los Movimientos Políticos y Sociales de la Universidad Complutense de Madrid; Araceli Manjón-Cabeza Olmeda, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid; Carmen Molinero Ruiz, catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona y presidenta de la Asociación de Historia Contemporánea; Antonio Rivera Blanco, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco y Director del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda; Encarnación Lemus López, catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Huelva; José Antonio Martínez Soler, Doctor en Ciencias de la Información, escritor y periodista; Sophie Baby, profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de la Borgoña (Francia); Jon-Mirena Landa Gorostiza, catedrático de Derecho Penal y director de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la Universidad del País Vasco; Paz-Mercedes de la Cuesta Aguado, catedrática de derecho penal de la Universidad de Cantabria; Francisca Sauquillo Pérez del Arco, abogada y presidenta de la ONG Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad.

La secretaría de la Comisión será desempeñada por una persona funcionaria del subgrupo A1 de la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, con voz, pero sin voto.

Las comisiones no representan incremento de gasto público

La creación y funcionamiento de estas comisiones no supondrá incremento del gasto público y será atendido con los medios personales y materiales adscritos al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Las comisiones dejarán de desempeñar sus funciones y se considerarán extinguidas una vez presentados el informe y los estudios previstos en este acuerdo.

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