El Gobierno aprueba el proyecto de ley que regula las enseñanzas artísticas superiores y profesionales

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Enseñanzas Artísticas, que impactará en más de 140.000 estudiantes, 14.000 docentes y un sector que emplea a 690.000 personas y supone el 3,3% del PIB del país.

El texto homologa las enseñanzas artísticas superiores al Espacio Europeo de la Educación Superior, equiparándolas a las universitarias; y las enseñanzas artísticas profesionales al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, es decir, al nuevo sistema de Formación Profesional, abriendo también la posibilidad del reconocimiento y acreditación de estas competencias a los trabajadores del sector.

Gracias a esto, los estudiantes tendrán mayor facilidad para realizar parte de sus estudios en otro país europeo y para poder ejercer su profesión fuera de nuestras fronteras. Además, se introduce la modalidad dual por lo que podrán realizar parte de su formación como prácticas en empresas, instituciones, etc., y cotizarán a la Seguridad Social como sucede con los estudiantes de FP.

En cuanto al profesorado de los centros públicos, el proyecto de ley favorece su actividad investigadora y su contribución a la creación artística. Se crean cuatro nuevos cuerpos docentes (de profesores y de catedráticos de Enseñanzas Superiores; y de profesores y de catedráticos de Enseñanzas Profesionales), además de los Maestros de Taller de Enseñanzas Artísticas, en los que la integración será voluntaria y habrá un amplio calendario transitorio para hacerlo.

Entre las novedades que introduce la ley está la creación de nuevas enseñanzas, como las Audiovisuales, y una mayor autonomía pedagógica y organizativa para los centros, que podrán asociarse entre sí para crear 'Campus de las Artes'.

La ley, que regula estos estudios por primera vez en más de 30 años, responde a una demanda histórica y generalizada de regulación por parte del sector. Las principales asociaciones y federaciones del ámbito artístico, sindicatos, comunidades autónomas, asociaciones de estudiantes, docentes y centros, además de otros ministerios, han intervenido en el proceso de elaboración.

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